Documento de posición

Documento de posición de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgo y el Foro ¡Centroamérica vulnerable, unida por la vida! ante el III Foro consultivo regional de la Política Centroamericana para la Gestión Integral del Riesgo (PCGIR).

Nosotras y nosotros, representantes de más de 250 organizaciones de Sociedad Civil, que conformamos redes nacionales y regionales, dentro de la Concertación Regional para la Gestión del Riesgo y el Foro Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida!, con trabajo urbano y rural en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, suscribimos el presente posicionamiento ante el III Foro Consultivo de la PCGIR, a realizarse en San Salvador, del 18 al 19 de junio de 2015.

Considerando:

1. Que el proceso que el CEPREDENAC ha venido realizando de manera sistemática alrededor de la implementación de la PCGIR y los procesos de consulta ha sido adecuado.
2. Que es necesario transformar dichos esfuerzos en políticas integrales nacionales encaminadas a la reducción de riesgos y vulnerabilidades.
3. Es urgente que a partir del Marco de Sendai para la reducción de riesgo a desastres y el nuevo régimen climático sea de carácter legalmente vinculante.
4. Que el esfuerzo realizado por los Sistemas Nacionales encargados de la protección civil, han contribuido para alcanzar el Marco de Sendai para la reducción de riesgo a desastres.
5. Que el III foro consultivo de la PCGIR es una oportunidad para armonizar este instrumento regional con los principios, las prioridades para la acción, objetivos y metas del marco global, acordado en Sendai, Japón. 

Demandamos:

1. Que Centro América sea reconocida formalmente bajo el mandato de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático como una de las regiones con mayores riesgos, y vulnerabilidades y en consecuencia altamente vulnerable.
2. Que la PCGIR se actualice bajo los Principios, prioridades, objetivos y metas establecidas en el Marco de Sendai para la reducción de riesgo a desastres 2015 – 2030.
3. Que se profundicen los procesos encaminados a la deconstrucción social de los riesgos a desastres.
4. Que la institucionalidad regional en el marco del SICA, encuentre y fortalezca los procesos para incorporar un solo enfoque alrededor de la estrategia regional ambiental.

ANTE ESTO PROPONEMOS:

1. DE MANERA GENERAL
2. Que el enfoque futuro de la institucionalidad del Estado, que se maneja ahora desde la reducción de riesgo a desastres en la región, que solo plantea un sistema de respuesta a los eventos, pueda trascender hacia la gestión estratégica del riesgo.
3. Que el enfoque futuro que se maneje en el marco jurídico y regulatorio (leyes, políticas, programas y proyectos) tenga a las personas como el sujeto de Derecho.
4. Que sobre la base del Marco de Sendai para la reducción de riesgo a desastres, se realice una revisión de la PCGIR para incorporar los componentes del acuerdo, pero además, que se incluyan componentes que favorezcan a las poblaciones con mayor vulnerabilidad, como mujeres, mayores de edad, niñez, discapacidad, pueblos indígenas y minorías étnicas.
5. Que se realice un proceso de divulgación más efectiva de la PCGIR hacia todas las poblaciones, pueblos y comunidades, inclusive las más remotas, para que los ciudadanos de estos países centroamericanos se empoderen de ella.
6. Que el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y comunidades locales, se incorporado como una práctica rutinaria para la implementación de los procesos que genera la PCGIR, de manera incluyente, por la vía del diálogo, el consenso y el multilateralismo, rompiendo su sometimiento al poder económico de los grandes capitales que impiden una implementación efectiva.
7. DENTRO DE LA INSTITUCIONALIDAD
8. Revisar el enfoque de Protección civil que los distintos sistemas tienen en la actualidad, porque los desastres continuos provocados por las amenazas antropogénicas y las de origen natural, están causando una gran cantidad de muertes y daños.
9. Que los gobiernos de la región tengan dentro de sus prioridades los Sistemas de Protección Civil y en su agenda la reducción del riesgo a desastres, para reducir sustancialmente las muertes provocadas por los desastres, las poblaciones afectadas y los daños económicos.
10. Que la institucionalidad del Estado involucre en los procesos de prevención, preparación, mitigación, atención, rehabilitación, reconstrucción sin daño, dentro de la PCGIR y a todos los niveles de ministerios, secretarías, fondos y gobiernos municipales.
11. Todas las decisiones políticas deben garantizar el respeto irrestricto de los derechos de pueblos indígenas, afro descendientes y comunidades locales, consignados en la Declaración Universal sobre Derechos de Pueblos Indígenas, así como el reconocimiento del impacto agravado que los desastres repentinos y de lento aparecimiento, tienen en las mujeres, la niñez y población discapacitada.
12. Que se destinen presupuestos para implementar la PCGIR en todos los niveles
13. EN EL MARCO DE LA SOCIEDAD CIVIL
14. Ratificamos como CRGR que nos comprometemos al establecimiento de alianzas estratégicas a nivel comunitario, nacional y regional, para construir en la práctica paradigmas de bienestar que sean coherentes con los retos que plantea el cambio climático, la lucha por la superación de la pobreza y la inequidad, y el respeto a los derechos de la Madre Tierra.
15. Instamos a todas las organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales, medios de comunicación, científicos/as e investigadores/as, comunidades locales y pueblos vulnerables, a constituir alianzas estratégicas que sean capaces  de participar e incidir ante los gobiernos locales, nacionales e internacionales.
16. Solicitamos a los centros de investigación, universidades y entidades generadoras de conocimiento, a redoblar los esfuerzos para construir procesos de conocimiento colectivo, que permita a las comunidades con altas vulnerabilidades, los gobiernos municipales y nacionales, tener alternativas resilientes, generadas de las buenas prácticas.
17. Motivamos y promovemos para que se aumente, de forma sustancial, la participación efectiva de la población en los procesos definidos de manera conjunta, el acceso a sistemas de alerta temprana y a la información adecuada y pertinente del riesgo a desastres.
18. Exigimos a los medios de comunicación estatales y privados, realizar su labor de información y comunicación con mayor responsabilidad, ética y profesionalismo, que no lleve a crear procesos de información amarillistas y mediados, que generan y fomentan el miedo, la desinformación y el antagonismo.

San Salvador, El Salvador, 22 de junio de 2015.